ACEB solicita a la Superfinanciera realizar la inspección y vigilancia de protocolos de bioseguridad de las entidades financieras

ACEB solicita a la Superfinanciera realizar la inspección y vigilancia de protocolos de bioseguridad de las entidades financieras

Doctor
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente
Superintendencia Financiera de Colombia
Calle 7 No 4 – 49
Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud Inspección y Vigilancia de Protocolos de Bioseguridad

Apreciado Doctor:

En atención a la coyuntura presentada por la pandemia originada por el coronavirus covid-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Ministerio de Salud mediante resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del mencionado virus en todo el territorio nacional.

La Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, sindicato de primer grado y de industria, mayoritario del sector financiero, ha venido haciendo seguimiento al manejo que las diferentes entidades de crédito donde tiene presencia han dado a dicha emergencia, con el ánimo de verificar que las entidades les garanticen a los trabajadores los medios de protección establecidos para evitar el contagio de este peligroso virus y que les sean respetados sus derechos laborales.

Es así como nos vemos en la obligación de trasmitir señor Superintendente las preocupaciones que asaltan a esta organización sindical, por cuanto ha sido muy difícil en algunos casos establecer comunicación directa con las diferentes direcciones generales de los bancos, para plantear las preocupaciones de los trabajadores en sus lugares de trabajo por la adopción de los protocolos de bioseguridad establecidos en la Circular 666 de abril de 2020.

Acudimos a esta superintendencia entonces, dado que su función principal como lo establece la ley es la de inspeccionar y vigilar la actividad financiera en todo el país, las cuales están definidas por los artículos 78, 116, 150 num. 19, lit. d), 189 num. 24, 25 superior, así como, los artículos 13, 38 num.1 lit. e) y 66 de la Ley 489 de 1998, entre otras normas concordantes.

Sabemos que su importancia radica en que cumplen funciones de control, al mismo nivel de organismos como la Procuraduría o la Contraloría, contando con poder investigativo, sancionatorio y penalizador.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que la prestación de los servicios bancarios y financieros es una de las actividades que contó con exención desde el inicio por la función que realiza, si es altamente preocupante la poca importancia que se le ha dado por parte de algunos bancos al tema de aplicación de los protocolos de bioseguridad y entrega de los Elementos de Protección Personal – EPP.

Ahora bien, con la expedición de la Circular Externa 008 de 2020, se ahonda aún más nuestra preocupación por los trabajadores, debido a que en dicho comunicado no se conmina a las entidades vigiladas por ésta superintendencia al cumplimiento estricto de los protocolos, sino por el contrario, se amplía el número de oficinas que pueden abrir a un 85% y se establece además un horario mínimo de 6 horas, lo que quiere decir que podrán atender 8, 9 o más horas diarias, poniendo en riesgo a los trabajadores y sus familias.

No puede hablarse de “retorno seguro y ordenado de los trabajadores” cuando diariamente son los trabajadores quienes se exponen, en el transporte público para ir o regresar de sus lugares de trabajo o al interior de las propias oficinas, en la atención de los clientes, por cuanto algunos no guardan el debido cuidado ni observancia de las medidas de distanciamiento establecidas por el gobierno.

Esta organización sindical actuando en armonía con sus estatutos, la ley y la Constitución Política, ha sido propositiva en los diferentes comunicados que ha emitido con el fin de visibilizar la urgente necesidad de redoblar esfuerzos físicos y técnicos en función de garantizar que los establecimientos bancarios no se conviertan en focos de transmisión del virus, para ello hemos solicitado se instalen paneles de acrílico en las cajas y los cubículos de asesoría, para aislar al trabajador del usuario o cliente, que se instalen cámaras de desinfección al acceso de las oficinas, que se les tome la temperatura corporal, que se lleve un registro de cada persona que es atendida, que cada trabajador tenga los EPP disponibles antes, durante y posterior a la prestación del servicio, entre otros. Igualmente es importante que las entidades financieras realicen cambios en la atención de los clientes y usuarios del sector.

El sistema financiero nunca dejó de funcionar durante el confinamiento, lo que hizo fue restringir la prestación del servicio al público, cerrando un número considerable de oficinas, sin embargo en ningún momento se notó la presencia de las autoridades de salud o de control, para verificar ni la forma ni las condiciones en que se estaba prestando el servicio, por tanto las medidas adoptadas desde el punto de vista de protección, fueron las que logramos obtener gracias a la permanente presión que hemos logrado realizar mediante decenas de comunicaciones escritas, sin embargo hoy tales medidas siguen siendo claramente insuficientes y la situación tiende agravarse por la decisión de la Superfinanciera de normalizar el funcionamiento del sector bancario. Creemos que antes de ordenar la normalización del sector, es obligación de la Superfinanciera verificar el estado de seguridad en salud que acompaña a la prestación del servicio.

De otro lado, partiendo del hecho cierto que estamos viviendo una crisis generalizada, es claro que esta no puede ser utilizada para super explotar laboralmente a los trabajadores, como sucede con la jornada laboral, en la que en muchos casos se está violando la establecida en las convenciones colectivas de trabajo e incluso la máxima legal fijada por el Código Sustantivo del Trabajo, todo lo cual requiere la presencia activa de las autoridades competentes.

Por lo anterior exhortamos a esta Superintendencia a que, en aplicación de sus facultades de vigilancia, realice las inspecciones pertinentes a fin de corroborar la situación que viven los trabajadores al interior de las oficinas y tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la circular de marras.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente

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Bogotá, D.C., 8 de abril de 2020.

Haciendo un recorrido al pasado, a la banca pública y privada se le hizo un plan de salvamento con el Gravamen del 2 x 1000, originado en 1998 mediante la expedición del Decreto 2331, cuyo objeto fue servir como “colchón” para enfrentar la crisis financiera de la época. Aunque se estipuló solo por un año, por un terremoto en la zona cafetera se prolongó, y con los años se convirtió en un gravamen permanente el cual pasó luego al 3×1.000 hasta llegar finalmente al 4×1.000.

A la fecha son ya 22 años de dinero recaudado de cada cliente y usuario del sector financiero, recursos más progresivos por la mayor bancarización de la población. Las utilidades del sector financiero a cierre del año 2019 alcanzaron más de $21,5 billones, encabezadas por los bancos que ganaron más de $11 billones. No obstante, sus fondos administrados – que son propiedad de ahorradores e inversionistas – alcanzaron ganancias de $72 billones, encabezados por los Fondos de Pensiones, mayores compradores de deuda pública, es decir, doble usufructo.

De los establecimientos de crédito, le siguen en ganancia a los bancos, las corporaciones financieras con $1,9 billones, las cooperativas financieras $145.500 millones y las compañías de financiamiento $96.900 millones. Los bancos tienen un patrimonio invertido de $89,9 billones, es claro que la rentabilidad sobre patrimonio de la banca es del 12,2% (varias veces la inflación causada y el PIB). La Superintendencia destaca el buen nivel de solvencia total: 14,71%.

Ante esta pandemia de salud mundial que sigue cobrando miles de vidas diariamente, la Asobancaria ha presentado las medidas del sector que plantea refinanciación de los créditos, extensión de los plazos en las obligaciones, reducción momentánea de cuotas de manejo de tarjetas débito-crédito y unas ligeras disminuciones en tasas, así como nuevas líneas de crédito, y hemos estado siempre a la espera de una decisión de exoneración de intereses, créditos blandos, considerable periodo de gracia, replanteamiento de los costos financieros para que disminuyan más representativamente, fortalecer a la micro empresa con facilidades para su sostenibilidad y proyección financiera; el momento que atraviesa el mundo así lo exige y demanda, un recambio en el modelo económico (viraje hacia la economía solidaria como alternativa) y en el comportamiento empresarial de los banqueros (cediendo al apetito tan voraz y desbordado rentístico), en la vía de ayudar a disminuir la brecha de desigualdad social que en medio de esta pandemia algunos exclaman que es mejor morir de Coronavirus y no de Hambre.

El sector financiero con entidades de capital nacional y extranjero no puede estar en medio de esta crisis de salud exigiendo cumplimiento de metas a sus trabajadores en colocación de productos y servicios, debe propender por salvaguardar la SALUD y VIDA de sus trabajadores brindándoles protección con elementos de bioseguridad, facilitándoles reales alivios financieros por el detrimento de sus finanzas, aislando a la población vulnerable, reduciendo transitoriamente horarios de trabajo y focalizar en oficinas de ubicación geoestratégica la atención al público, preservar las condiciones laborales y los puestos de empleo al capital humano que en esta coyuntura ratifica que son los verdaderos generadores de riqueza con su trabajo y garantes del posicionamiento en el mercado financiero.

Esta realidad que estamos viviendo nos hace reflexionar y condenar el olvido, la falta de presupuesto, el desvío de recursos y los actos de corrupción a los que ha sido sometido el sector Salud, su financiarización y mercantilización del servicio de salud como ocurre en estos momentos donde los mercaderes de las EPS no han dotado al personal de salud de los elementos de bioseguridad para atender a los pacientes con posible riesgo o enfermos de Covid-19,  así como la precarización del empleo de estos héroes que luchan contra el virus exponiendo sus vidas para salvar la de los pacientes, allí también incide el sector financiero porque en sus conglomerados económicos se tiene posesión de EPS. IPS, ARL, Fondos Privados de Pensiones, es un momento para dignificar el Derecho a la VIDA, a una salud de calidad y a una Vejez Digna. Economía sin Hombres y Mujeres Vivos no es posible. Se hace necesario derogar la Ley 100 de 1993 y estructurar un sistema de salud que brinde a la población colombiana una atención oportuna y de calidad y que provea al personal de salud condiciones de Trabajo Decente.

El pasado 27 de diciembre de 2019 con la Ley 2010 el gobierno nacional aprobó la Ley de Crecimiento Económico, que contempla en su artículo 92, parágrafo 7, que las instituciones financieras deben liquidar unos puntos adicionales en el impuesto de renta y complementarios, 4 puntos para el 2020, 3 puntos para el 2021 y 3 puntos para el 2022 y la destinación es: “Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el recaudo por  concepto  de la  sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria. El Gobierno nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos”. Enajenados de la realidad socioeconómica del país los banqueros ya habían demandado ante la Corte Constitucional en el 2018 la Ley de Financiamiento que contemplaba mayor impuesto a la renta y habían ganado la demanda, nuevamente a través de Asobancaria demandaron la Ley de Crecimiento Económico buscando dejar sin efecto estos puntos adicionales en el impuesto de renta, acto que fue fuertemente criticado, ya que este sector que tiene un posicionamiento privilegiado en la economía del país no estuviera contribuyendo con un aporte en esta difícil situación donde el país requiere recursos para paliar esta crisis, expresando hace 2 días el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que la demanda la habían retirado los bancos, donde esperamos que esta situación sea veraz por tan cuestionable insensibilidad.

Hacemos un llamamiento al sector financiero y al mismo gobierno nacional en medio de esta crisis de salud y económica, a implementar un espacio tripartito de intercambio de propuestas, donde las organizaciones representantes de los trabajadores estamos dispuestos a construir iniciativas colectivas para repensar el proyecto de país y las relaciones de la clase trabajadora, empresarios y sociedad, todo esto en la perspectiva de consensuar un nuevo orden postpandemia que no tenga las debilidades sistémicas y la alta vulnerabilidad de millones de ciudadanos en crisis como estas (que inciden directamente tanto en la sostenibilidad de empresas como en la viabilidad del Estado) y otras que pueden devenir a futuro.

JOSÉ RODRIGO OROZCO                                 SOFIA TRINIDAD ESPINOSA O.

Presidente ANEBRE                                             Presidenta UNEB

 MILLER RAMIREZ GASPAR                               JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.

Presidente Sintrabancol                                         Presidente ACEB

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Mientras escribimos estas líneas la pandemia del siglo XXI, el COVID 19, habrá superado el millón de contagios y la pavorosa cifra de 55.000 fallecimientos por su causa. Estados Unidos, convertido en el país con el mayor número de contagios (más de 250.000) y el cuarto en cuanto a fallecimientos (más de 6000), por obra y gracia del orate Trump quién se negó, hasta cuando fue ya tarde, a tomar medidas de prevención y contención del mortal virus. En Colombia se superó la cifra de 1500 contagios y 35 fallecidos.

A los países desarrollados o pobres que funcionan bajo el modelo neoliberal, convirtiendo lo público en jugoso negocio para los particulares a través de la privatización, endureciendo la explotación sobre miles de millones de seres humanos, cercenando sus derechos democráticos y otorgando todas las garantías y ventajas posibles al capital monopolista, la pandemia los tomó sin preparación.

En el caso colombiano van más de treinta años de aplicación a rajatabla de este nefasto modelo político y económico y las consecuencias sobre el sector salud están a la vista. Una red pública hospitalaria debilitada que debe a sus trabajadores, en algunos casos, más de seis meses de sueldo; profesionales y auxiliares sin estabilidad laboral, sin contrato de trabajo; EPS con gigantescas deudas con clínicas y hospitales, desvío de recursos públicos de salud para otras actividades y para enriquecer administradores y gerentes corruptos. La red privada de salud convertida en negocio donde área o servicio que no sea rentable, simplemente se cierra. Los avances científicos y tecnológicos reducidos a un puñado de instituciones que contra viento y marea luchan por prestar servicios de salud de calidad. Y los usuarios sometidos al paseo de la muerte y a grandes demoras o negación de atención.

Colombia, tempranamente, ha debido tomar medidas contra la pandemia que ya habían probado su efectividad en otros países como China, Corea del Sur, Japón y Singapur. Se trataba de atender prioritariamente tres asuntos con sus medidas correspondientes y procurar los recursos suficientes, en un país que tiene bajos ingresos fiscales debido a las ventajas tributarias inmensas a sectores económicos que no los necesitan, al creciente déficit comercial y de la balanza de pagos y a las altas cifras de desempleo.

El primero de estos asuntos es el aislamiento social, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales, el confinamiento de la población por un período relativamente largo y la reducción de la actividad productiva a cuatro o cinco sectores que son absolutamente indispensables para la supervivencia.

Nada de eso fue capaz de hacer el gobierno de Duque con la prontitud que las circunstancias exigían. Las medidas se tomaron con evidente retraso y después de un desgastante debate con dirigentes políticos y sociales, con asociaciones gremiales, también con mandatarios locales y regionales, especialmente con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, que con razón procedieron a tomar decisiones por encima del gobierno central.

Evidentemente, en un país donde el 64% de la población no tiene seguridad social y el 47% del empleo es informal estas medidas obligan a proveer subsidios y recursos a las familias pobres y vulnerables y a los sectores poblacionales alejados del ciclo productivo como adultos mayores, jóvenes y personas en condición de discapacidad. En este terreno los aportes del gobierno nacional, absolutamente insuficientes, también contrastan con los esfuerzos de los mandatarios y gobiernos locales que no han vacilado en entregar subsidios, bonos y mercados a las familias más necesitadas. Ya los expertos han recomendado la prolongación de la “cuarentena” pero el debate entre economía y vida, en la opinión de Duque, se inclina hacia la economía y a aceptar la presión de los grandes gremios del capital.

Enfrentar la pandemia, específicamente en el asunto de la salud, que llamaremos la segunda área, implica la adquisición de los equipos requeridos, especialmente respiradores mecánicos, para triplicar, por lo menos, el número de unidades de cuidados intensivos con las cuales cuenta el país. La adquisición de centenares de miles de pruebas del coronavirus que permitan detectar la enfermedad en los afectados asintomáticos y no sólo entre los que ya manifiestan señales inequívocas de la enfermedad. Y, la protección de bioseguridad adecuada al personal de salud que enfrenta a diario la contención del virus y el tratamiento a enfermos hospitalizados, para evitar, entre otras consecuencias, que médicos y enfermeras contagiados salgan de la primera línea de combate al coronavirus.

Un mes después de comprobado el primer infectado en Colombia, salvo el caso de  Bogotá y otras capitales, no se han adquirido los equipos indispensables para la nuevas unidades de cuidados intensivos; el ministro de salud lleva quince días anunciando la llegada de kits de pruebas y siempre hay pretextos para justificar  que “no han podido llegar al país” y al personal de salud ni se le pagan los sueldos atrasados, ni se les dota de la protección adecuada, ni se vinculan los nuevos profesionales necesarios para enfrentar la emergencia, ni se les proporciona transporte especial y adecuado para que no constituyan factor de propagación ni sean víctimas de discriminación en el transporte público.

El tercer asunto es dar respuesta al gran interrogante: ¿Quién va a cargar con el peso de la emergencia, caerá sobre el pueblo empobrecido o sobre las arcas repletas de los grandes empresarios? El gobierno debe proceder con prontitud a tomar medidas drásticas en el terreno económico. Al orden del día está, como lo han hecho otros países, pedir la reestructuración y ampliación de la deuda externa y aplazar pagos que impedirían contar con los recursos necesarios; utilizar parte de las reservas internacionales que son más de 50.000 millones de dólares, utilizar la emergencia económica para eliminar exenciones y garantías tributarias a sectores económicos que no las necesitan, eliminar la regla fiscal que obra como una camisa de fuerza frente al gasto público y respaldar presupuestalmente las regiones en este período de dificultades. Los grandes empresarios, incluido el sector financiero, deben estar dispuestos a colaborar económicamente más allá de sus obligaciones legales y tributarias en esta hora de dificultades y sacrificios.

En ese contexto, debemos precisar que no es el momento de pretender sacar adelante las viejas aspiraciones que tienen los dueños del capital de quitarse de encima los parafiscales y atentar contra las cajas de subsidio familiar, otro de sus históricos anhelos, mucho menos podemos aceptar que se pretenda en estos momentos de angustia, adelantar una reforma laboral que para lo único que servirá será para precarizar aún más el empleo, ya el gobierno les ha entregado demasiadas exenciones tributarias, les llego el momento de retribuir tantos favores que los colombianos les hemos hecho.

Una vez declarada la cuarentena, se ha iniciado la pérdida del empleo y los ingresos de múltiples trabajadores formales e informales. Los empresarios han acudido al despido, la suspensión de contratos de trabajo, licencias no remuneradas, reducción de salarios y “vacaciones” en confinamiento, mermando los derechos e ingresos de los trabajadores y sus familias. Y con el confinamiento, los informales han perdido la oportunidad de sus ingresos diarios, con lo cual se viene configurando una situación de cuarentena con hambre para un vastísimo sector de la población, que a sabiendas del riesgo de contaminación han tenido que salir a buscar su sustento.

El presidente Duque y todo su equipo de gobierno, de manera irresponsable, vienen ayudando a atizar las condenables pretensiones de intervención militar que sobre Venezuela desarrolla el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, lo cual, de producirse, sería un crimen contra los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. Podría ocasionar una guerra regional con desenlaces fatales en muertes y pérdidas materiales y económicas muchísimo más trágicas que la pandemia misma.

También en pleno desarrollo de la crisis ocasionada por la pandemia el presidente Duque se niega a facilitar el funcionamiento del congreso nacional, que entre otras cosas debe ejercer el control político sobre las decisiones y decretos que en desarrollo de la emergencia económica se vienen promulgando y por el contrario algunos de los voceros del gobierno han expresado que se sigue adelante con la decisión de aprobar reformas como la laboral y la pensional en desmedro de los derechos laborales y bienestar social de los trabajadores.

La primera recomendación de la OIT para enfrentar la pandemia del coronavirus es hacer uso del diálogo social, asunto que este gobierno se ha negado a poner en práctica con los trabajadores y las centrales sindicales, por el contrario, ha arreglado con los grandes empresarios atendiendo solo sus intereses económicos, desatendiendo los reclamos por mantener, como prioridad, el empleo y los ingresos de trabajadores formales e informales.

Como lo recomiendan los expertos epidemiólogos. Con el Papa Francisco, decenas de mandatarios regionales, líderes sensatos, y miles de millones de seres humanos digamos con fuerza: ¡primero la vida y después la economía!

La ACEB, como siempre, estará al lado de los colombianos en esta emergencia y hará los sacrificios que las circunstancias impongan, exigiendo la protección adecuada de los trabajadores bancarios y solicitando que el número de sucursales abiertas al público y el número de trabajadores en ellas sea el menor posible. Llamamos a la ciudadanía a cumplir estrictamente las medidas excepcionales de la cuarentena y prepararse para su prolongación.

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

– ACEB –

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Reforma laboral:
Salario mínimo diferente según la productividad de cada región
Reducir el salario mínimo a un 75% para los jóvenes menores de 25 años
Contratación de personal por horas
Reforma pensional:
Transformación del sistema jubilatorio
Posible conversión de Colpensiones en un fondo privado
Reforma financiera:
Creación del Holding Estatal de Servicios Financieros, una agrupación de empresas estatales vinculadas al sector financiero y que aportarán al mercado de capitales y dejarán de tener control directo del Estado. Para las organizaciones, se trata de una “privatización encubierta”.
Reforma tributaria:
Rebaja de impuestos a grandes empresas y a multinacionales
“Tarifazo”:
Aumento del 35% en las tarifas de energía eléctrica para algunos estratos de consumidores en favor de Electricaribe.

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