La crisis, oportunidad para avanzar en el negocio, filosofía del sector financiero

La crisis, oportunidad para avanzar en el negocio, filosofía del sector financiero

Una consecuencia lógica de la pandemia del Covid-19 que ha conllevado al confinamiento de los seres humanos y al cierre de la inmensa mayoría de la actividad productiva de los países, es la contracción de la economía y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, situación que se torna más impactante, según el nivel de desarrollo que posea el país y del modelo económico que lo rija.

Cuando al frente de los destinos del Estado, hay una clase dirigente comprometida con los intereses de la nación, esta trata por todos los medios de salvaguardar la economía, como una forma de preservar los empleos, para lo cual no dudan en tomar medidas de alivios tributarios reales, de otorgar subsidios a los diferentes sectores y ayudas a los trabajadores y a la ciudadanía en general.  Eso han hecho innumerables países entre ellos China y Alemania.

Pero cuando los gobernantes son el producto de la manipulación y del constreñimiento a los electores para alcanzar los cargos de poder en función del enriquecimiento ilícito, como sucede en la casi totalidad de los países del denominado tercer mundo, del cual hace parte América Latina y por supuesto Colombia, lo que se procura es utilizar la pandemia y el aislamiento para sacarle el mayor provecho a la difícil situación, en beneficio tanto personal como del reducido grupo que los acompañan en la toma de decisiones.  Esto permite afirmar sin temor a equívocos que, a estos depredadores corruptos, cuando se presentan situaciones como la pandemia, es como si se les hubiese aparecido la virgen.

El tema de la pandemia es un fenómeno mundial, que en muchos países va en vía de superarse, aunque las secuelas demorarán mucho en desaparecer. En Colombia, según planteamientos realizados por los expertos, el manejo que se le ha dado al problema ha llevado a ralentizar la llegada a la cresta de la curva epidemiológica.  Así mismo se manifiesta, que hay un retraso en el análisis de las pruebas, que permite calcular que, aproximadamente el 82% de los datos suministrados por las autoridades de salud, no son confiables, pero a los colombianos tratan de someterlos vendiéndoles información falsa, con cifras amañadas que se acompañan de una serie de promesas que no se cumplen y del manejo abusivo de los medios de comunicación.

Por orden del gobierno se archivó el proyecto de ley aprobado en el Senado de la República, que entregaría a los colombianos más vulnerables un beneficio denominado “Renta Básica”, consistente en un auxilio mensual equivalente a un salario mínimo legal, con lo cual necesariamente se hubiese dinamizado la economía, se estarían evitando los despidos y minimizando la crisis que hoy vivimos.

Otra medida que el Gobierno desechó consistió en hacer uso de las reservas internacionales, para no tener que acudir a los prestamistas internacionales, ahora es la ANDI, por intermedio de su presidente Bruce MacMaster, quien exige que le sea solicitado un préstamo al Banco de la República, por una única vez, de hasta por 50 billones de pesos, con bajos intereses y a largo plazo, para palear una situación que está demoliendo las bases de la economía.

Vale precisar que, esta misma figura hace muchos meses atrás y de forma reiterada, fue solicitada infructuosamente por el sindicalismo colombiano, pero este gobierno solo esta interesado en salvar su imagen política y el futuro del mal llamado Centro Democrático.

LA CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA Y EL PAPEL DE LA BANCA

Para nadie es un secreto el rol que ha jugado la banca a lo largo de la historia de nuestra nación, especialmente en los últimos años. Todos conocemos lo determinante que fue el Grupo AVAL en la elección del actual presidente de la República, Iván Duque Márquez, como también es de conocimiento público, que una de las primeras donaciones al gobierno la hizo ese grupo, por valor de 80 mil millones de pesos, para ayudar a la atención de los afectados por el confinamiento.

Es entendible entonces, que las medidas del gobierno hayan beneficiado, antes que, a nadie, al sector financiero, entregándoles el manejo de los dineros destinados a la supuesta ayuda a las personas de escasos o nulos recursos.

El beneficio que logran estas entidades financieras es evidente, ya que obtienen ventaja de esta adversa situación, en virtud a que impactan doblemente sus ingresos al cobrar a la Hacienda Pública una comisión por dispersar estos dineros y, por otro lado, al bancarizar a la población susceptible del auxilio, con tasas plenas de mercado, con lo cual promueve la expansión de los bancos a lugares a los cuales, en condiciones normales, nunca hubieran accedido.

Además, es oportuno resaltar que este gobierno desconoce intencionalmente que posee una infraestructura bancaria llamada Banco Agrario de Colombia con amplia cobertura nacional que puede cumplir perfectamente el objetivo de la entrega de estos recursos con menores impactos de costo para las partes.

Por otro lado, el Banco de la República inicia una serie de recortes a las tasas interbancarias, con rebajas mensuales que al mes de agosto se sitúan en el 2.25%, cuando al comienzo del año 2020, se encontraba en el 4.25%, lo que les permite a los bancos un flujo de capital que garantiza los fondos suficientes para soportar la crisis, pero sin que esta disminución se vea reflejada en las tasas comerciales a los clientes y que aún mantienen vigentes después de casi 150 días transcurridos desde el inicio de las mencionadas rebajas .

Es posible, en virtud a que la actividad económica de ciertos sectores se ha paralizado, que la cartera de los bancos se vea impactada negativamente en sus cifras de default, así como el ingreso per cápita de los colombianos. La crisis de diferentes sectores económicos, que a su vez impacta el ingreso de las personas no se puede equiparar a la situación que hoy ostenta el sector financiero, toda vez que, en este contexto, posiblemente hayan disminuido sus ingresos, es decir se reducen sus ganancias, lo cual no significa que estén asumiendo pérdidas, incluso los alivios les han resultado un jugoso negocio, porque de un lado han saneado sus carteras y de otro han creado nuevas cargas a sus clientes ya que los intereses, durante esos periodos de alivio se siguen cobrando  y el número de cuotas pactadas originalmente se han incrementado, en otras palabras las dificultades de  los colombianos, los bancos las convierten en nuevas fuentes para fortalecer su negocio.

Las expectativas de los deudores bancarios frente a los famosos alivios financieros, radicaban en que falsamente creyeron que se iban a economizar el pago de los intereses durante el periodo de gracia, pero, una vez finalizados los periodos, estos intereses fueron facturados y lo que es peor, algunos bancos impusieron el modelo sin consultar a sus deudores. Y es que históricamente las entidades financieras son el único sector que siempre ha salido incólume de las diferentes crisis, por tanto, no tiene ninguna presentación que los bancos antes que salir a aportar su cuota de sacrificio, para evitar el colapso de la economía, salgan es a promover su recrudecimiento, con cierres de oficinas y despidos indiscriminados, que se disfrazan tras una supuesta renuncia voluntaria de sus trabajadores.

A pesar de la crisis generalizada, el 1.63 millones de pequeños empresarios colombianos, mantienen el 60% de los empleos en el país, aun en medio de la difícil situación y ante el hecho de que no han recibido apoyos económicos del gobierno, como si ocurrió con los bancos, los que paradójicamente se encuentran desconectados con las necesidades del pueblo colombiano al implementar una serie de políticas que se manifiestan en la acción de cierre de oficinas y despidos de trabajadores.

Lo realizado por los Bancos ITAÚ y BBVA Colombia el viernes pasado (21 de agosto), con el cierre de oficinas y despidos de trabajadores, no es consecuente con el momento angustioso que vive el pueblo colombiano, pero deja ver la insensibilidad de los dueños del capital, para quienes las utilidades y el rendimiento financiero, constituyen su única y exclusiva razón de ser.

Por tal razón, la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, rechaza categóricamente los despidos laborales del pasado 21 de agosto de 2020, en tiempos de pandemia, desviando semánticamente su configuración como mutuo acuerdo con los trabajadores.

 ITAÚ EL ETERNO NEGRERO

Lo que hoy es Itaú en Colombia tiene una oscura trayectoria en nuestro país, seguramente por cuenta de la continuidad de gran parte de su equipo de dirección que siempre ha acudido al mismo expediente, cierre de oficinas y despidos disfrazados.

Tomando por sorpresa a los empleados, cualquier día los reciben con la carta de despido, luego le dicen que sus cargos se acabaron y que esa es la razón de su determinación, para luego “CONCEDERLES” la alternativa de la “renuncia voluntaria” a cambio de pequeñas migajas, que se suman a lo que el despedido debe recibir por disposición legal.  Así se lavan las manos y de paso, eluden las posibles acciones jurídicas por despidos masivos.

El recuento, a grandes rasgos, de las personas que perdieron sus empleos el pasado viernes, arroja una suma de 200 trabajadores de todos los niveles, desde gerentes regionales, hasta auxiliares y esto sin contar los estragos causados en los outsourcing, sobre los que nos es difícil tener algún control.

Es tan ciega e irreflexiva la decisión del Banco que incluso en los despidos incluyó al representante de los trabajadores en el comité de convivencia, compañero JUAN MANUEL PENAGOS, situación que, siendo extremadamente torpe, es compresible al tenor de la cantidad de despidos, pues, ¿Cuál convivencia en un banco con una dirección tan absurda como la que tiene ITAÚ? En materia de cierre de oficinas, se conoce que mas o menos 15 sucursales fueron clausuradas.

Los despedidos, como realmente deben denominarse, enfrentan la terrible situación de tener que salir a autosostenerse y sustentar a sus familias con unas sumas de dinero que si acaso les permitirán sobrevivir durante algunos meses, porque la realidad es que en este momento no hay posibilidades de hacer emprendimiento sustentable ni sostenible; la denominada “economía naranja” no es más que un embeleco del gobierno para crear burocracia en favor de sus alfiles, invertir en actividades novedosas es una verdadera aventura y guardar esos recursos en los bancos, sería la peor alternativa por los casi nulos intereses que reconocen estas entidades, a los ahorradores. Ahora si lo que se trata es de conseguir otro empleo, peor, sería prácticamente un milagro encontrar uno, según el DANE, la medición más reciente alcanzó el 19.8% de desempleados, siendo esta una cifra maquillada a la baja.

DESPIDOS MASIVOS EN BANCO BBVA COLOMBIA

Este banco extranjero, que solo busca conseguir beneficios monetarios de forma rápida, sin importar los efectos que causa, como es el crecimiento en la tasa de desempleo, despidió a nivel nacional a una serie de trabajadores obligándolos a firmar una carta de despido sin justa causa.

Es sorprendente la falta de solidaridad con sus trabajadores, los cuales prestaron su servicio por varios años como generadores de riqueza a dicha entidad, y hoy en época de pandemia, donde se requiere un sentido de responsabilidad social, los deja en el camino.

En el reporte de la Superintendencia Financiera, informa que el BBVA se mantuvo a la cabeza del Rankin de la banca extranjera con ganancias por 206 mil millones.

Por ello exigimos solidaridad para ayudar a la contención del SARS-CoV-2, igualmente, apoyo a sus trabajadores durante este tiempo de crisis y que cesen los despidos a nivel nacional.

Los despidos masivos disfrazados de negociación voluntaria son un atentado a la dignidad de los trabajadores colombianos, en que cabeza cabe que un trabajador que tiene un empleo con muy buenas prestaciones extralegales, en momentos de pandemia con los altísimos índices de desempleo, este interesado en renunciar a sus ingresos y lanzarse a una aventura que no garantiza absolutamente nada.

Sobre este particular: La Corte Suprema de Justicia en su sala laboral mediante sentencia 22842 del 30/09/2004 y mediante sentencia T-064/2017 de la Corte Constitucional se establece:

“La renuncia es una de las formas que existen para dar por terminado un contrato laboral. Esta manifestación que tiene origen en el trabajador, debe efectuarse en un marco de libertad, ajena a cualquier tipo de presión, para que pueda producir plenos efectos jurídicos.

Es así que, con anterioridad a la promulgación de la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia definía la renuncia como aquella “(…) dejación espontánea y libre de algún bien o derecho por parte de su titular. [No pudiendo] ser un acto sugerido, inducido, ni mucho menos provocado o compelido por persona distinta de su autor”.

LO QUE VIENE

Queda claro que la negociación colectiva que debemos adelantar a mediados del año venidero, va a ser especialmente difícil por los avances de la digitalización, ahora complicada aún más con la implementación del trabajo en casa y del teletrabajo; tenemos que adelantar la mejor campaña posible para reponernos de este duro golpe, se hace urgente promover la afiliación masiva, esta es una tarea que corresponde realizar a todos los compañeros que afortunadamente cuentan con un fuero sindical, es la única o tal vez la más importante respuesta que podamos dar a  la política antisindical de este Banco en Colombia. Las cosas van de mal en peor, pero no estamos derrotados, hay mucho por hacer, todos los compañeros y compañeras son fundamentales, sus aportes son indispensables para poder crear una barrera de contención, este no es un problema que se pueda resolver con medidas individuales, ni mucho menos limitándose a criticar o a lamentarse, todo lo contrario debemos crear un ambiente de confrontación, son siete (7) negociaciones simultaneas que bien administradas nos pueden ayudar al logro de mejores resultados.

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Doctor
JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ
Superintendente
Superintendencia Financiera de Colombia
Calle 7 No 4 – 49
Bogotá D.C.

Referencia: Solicitud Inspección y Vigilancia de Protocolos de Bioseguridad

Apreciado Doctor:

En atención a la coyuntura presentada por la pandemia originada por el coronavirus covid-19 y la declaratoria de emergencia sanitaria hecha por el Ministerio de Salud mediante resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del mencionado virus en todo el territorio nacional.

La Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB, sindicato de primer grado y de industria, mayoritario del sector financiero, ha venido haciendo seguimiento al manejo que las diferentes entidades de crédito donde tiene presencia han dado a dicha emergencia, con el ánimo de verificar que las entidades les garanticen a los trabajadores los medios de protección establecidos para evitar el contagio de este peligroso virus y que les sean respetados sus derechos laborales.

Es así como nos vemos en la obligación de trasmitir señor Superintendente las preocupaciones que asaltan a esta organización sindical, por cuanto ha sido muy difícil en algunos casos establecer comunicación directa con las diferentes direcciones generales de los bancos, para plantear las preocupaciones de los trabajadores en sus lugares de trabajo por la adopción de los protocolos de bioseguridad establecidos en la Circular 666 de abril de 2020.

Acudimos a esta superintendencia entonces, dado que su función principal como lo establece la ley es la de inspeccionar y vigilar la actividad financiera en todo el país, las cuales están definidas por los artículos 78, 116, 150 num. 19, lit. d), 189 num. 24, 25 superior, así como, los artículos 13, 38 num.1 lit. e) y 66 de la Ley 489 de 1998, entre otras normas concordantes.

Sabemos que su importancia radica en que cumplen funciones de control, al mismo nivel de organismos como la Procuraduría o la Contraloría, contando con poder investigativo, sancionatorio y penalizador.

Por lo tanto y teniendo en cuenta que la prestación de los servicios bancarios y financieros es una de las actividades que contó con exención desde el inicio por la función que realiza, si es altamente preocupante la poca importancia que se le ha dado por parte de algunos bancos al tema de aplicación de los protocolos de bioseguridad y entrega de los Elementos de Protección Personal – EPP.

Ahora bien, con la expedición de la Circular Externa 008 de 2020, se ahonda aún más nuestra preocupación por los trabajadores, debido a que en dicho comunicado no se conmina a las entidades vigiladas por ésta superintendencia al cumplimiento estricto de los protocolos, sino por el contrario, se amplía el número de oficinas que pueden abrir a un 85% y se establece además un horario mínimo de 6 horas, lo que quiere decir que podrán atender 8, 9 o más horas diarias, poniendo en riesgo a los trabajadores y sus familias.

No puede hablarse de “retorno seguro y ordenado de los trabajadores” cuando diariamente son los trabajadores quienes se exponen, en el transporte público para ir o regresar de sus lugares de trabajo o al interior de las propias oficinas, en la atención de los clientes, por cuanto algunos no guardan el debido cuidado ni observancia de las medidas de distanciamiento establecidas por el gobierno.

Esta organización sindical actuando en armonía con sus estatutos, la ley y la Constitución Política, ha sido propositiva en los diferentes comunicados que ha emitido con el fin de visibilizar la urgente necesidad de redoblar esfuerzos físicos y técnicos en función de garantizar que los establecimientos bancarios no se conviertan en focos de transmisión del virus, para ello hemos solicitado se instalen paneles de acrílico en las cajas y los cubículos de asesoría, para aislar al trabajador del usuario o cliente, que se instalen cámaras de desinfección al acceso de las oficinas, que se les tome la temperatura corporal, que se lleve un registro de cada persona que es atendida, que cada trabajador tenga los EPP disponibles antes, durante y posterior a la prestación del servicio, entre otros. Igualmente es importante que las entidades financieras realicen cambios en la atención de los clientes y usuarios del sector.

El sistema financiero nunca dejó de funcionar durante el confinamiento, lo que hizo fue restringir la prestación del servicio al público, cerrando un número considerable de oficinas, sin embargo en ningún momento se notó la presencia de las autoridades de salud o de control, para verificar ni la forma ni las condiciones en que se estaba prestando el servicio, por tanto las medidas adoptadas desde el punto de vista de protección, fueron las que logramos obtener gracias a la permanente presión que hemos logrado realizar mediante decenas de comunicaciones escritas, sin embargo hoy tales medidas siguen siendo claramente insuficientes y la situación tiende agravarse por la decisión de la Superfinanciera de normalizar el funcionamiento del sector bancario. Creemos que antes de ordenar la normalización del sector, es obligación de la Superfinanciera verificar el estado de seguridad en salud que acompaña a la prestación del servicio.

De otro lado, partiendo del hecho cierto que estamos viviendo una crisis generalizada, es claro que esta no puede ser utilizada para super explotar laboralmente a los trabajadores, como sucede con la jornada laboral, en la que en muchos casos se está violando la establecida en las convenciones colectivas de trabajo e incluso la máxima legal fijada por el Código Sustantivo del Trabajo, todo lo cual requiere la presencia activa de las autoridades competentes.

Por lo anterior exhortamos a esta Superintendencia a que, en aplicación de sus facultades de vigilancia, realice las inspecciones pertinentes a fin de corroborar la situación que viven los trabajadores al interior de las oficinas y tome las medidas pertinentes para el cumplimiento estricto de la circular de marras.

Cordialmente,

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL ACEB

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente

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Bogotá, D.C., 8 de abril de 2020.

Haciendo un recorrido al pasado, a la banca pública y privada se le hizo un plan de salvamento con el Gravamen del 2 x 1000, originado en 1998 mediante la expedición del Decreto 2331, cuyo objeto fue servir como “colchón” para enfrentar la crisis financiera de la época. Aunque se estipuló solo por un año, por un terremoto en la zona cafetera se prolongó, y con los años se convirtió en un gravamen permanente el cual pasó luego al 3×1.000 hasta llegar finalmente al 4×1.000.

A la fecha son ya 22 años de dinero recaudado de cada cliente y usuario del sector financiero, recursos más progresivos por la mayor bancarización de la población. Las utilidades del sector financiero a cierre del año 2019 alcanzaron más de $21,5 billones, encabezadas por los bancos que ganaron más de $11 billones. No obstante, sus fondos administrados – que son propiedad de ahorradores e inversionistas – alcanzaron ganancias de $72 billones, encabezados por los Fondos de Pensiones, mayores compradores de deuda pública, es decir, doble usufructo.

De los establecimientos de crédito, le siguen en ganancia a los bancos, las corporaciones financieras con $1,9 billones, las cooperativas financieras $145.500 millones y las compañías de financiamiento $96.900 millones. Los bancos tienen un patrimonio invertido de $89,9 billones, es claro que la rentabilidad sobre patrimonio de la banca es del 12,2% (varias veces la inflación causada y el PIB). La Superintendencia destaca el buen nivel de solvencia total: 14,71%.

Ante esta pandemia de salud mundial que sigue cobrando miles de vidas diariamente, la Asobancaria ha presentado las medidas del sector que plantea refinanciación de los créditos, extensión de los plazos en las obligaciones, reducción momentánea de cuotas de manejo de tarjetas débito-crédito y unas ligeras disminuciones en tasas, así como nuevas líneas de crédito, y hemos estado siempre a la espera de una decisión de exoneración de intereses, créditos blandos, considerable periodo de gracia, replanteamiento de los costos financieros para que disminuyan más representativamente, fortalecer a la micro empresa con facilidades para su sostenibilidad y proyección financiera; el momento que atraviesa el mundo así lo exige y demanda, un recambio en el modelo económico (viraje hacia la economía solidaria como alternativa) y en el comportamiento empresarial de los banqueros (cediendo al apetito tan voraz y desbordado rentístico), en la vía de ayudar a disminuir la brecha de desigualdad social que en medio de esta pandemia algunos exclaman que es mejor morir de Coronavirus y no de Hambre.

El sector financiero con entidades de capital nacional y extranjero no puede estar en medio de esta crisis de salud exigiendo cumplimiento de metas a sus trabajadores en colocación de productos y servicios, debe propender por salvaguardar la SALUD y VIDA de sus trabajadores brindándoles protección con elementos de bioseguridad, facilitándoles reales alivios financieros por el detrimento de sus finanzas, aislando a la población vulnerable, reduciendo transitoriamente horarios de trabajo y focalizar en oficinas de ubicación geoestratégica la atención al público, preservar las condiciones laborales y los puestos de empleo al capital humano que en esta coyuntura ratifica que son los verdaderos generadores de riqueza con su trabajo y garantes del posicionamiento en el mercado financiero.

Esta realidad que estamos viviendo nos hace reflexionar y condenar el olvido, la falta de presupuesto, el desvío de recursos y los actos de corrupción a los que ha sido sometido el sector Salud, su financiarización y mercantilización del servicio de salud como ocurre en estos momentos donde los mercaderes de las EPS no han dotado al personal de salud de los elementos de bioseguridad para atender a los pacientes con posible riesgo o enfermos de Covid-19,  así como la precarización del empleo de estos héroes que luchan contra el virus exponiendo sus vidas para salvar la de los pacientes, allí también incide el sector financiero porque en sus conglomerados económicos se tiene posesión de EPS. IPS, ARL, Fondos Privados de Pensiones, es un momento para dignificar el Derecho a la VIDA, a una salud de calidad y a una Vejez Digna. Economía sin Hombres y Mujeres Vivos no es posible. Se hace necesario derogar la Ley 100 de 1993 y estructurar un sistema de salud que brinde a la población colombiana una atención oportuna y de calidad y que provea al personal de salud condiciones de Trabajo Decente.

El pasado 27 de diciembre de 2019 con la Ley 2010 el gobierno nacional aprobó la Ley de Crecimiento Económico, que contempla en su artículo 92, parágrafo 7, que las instituciones financieras deben liquidar unos puntos adicionales en el impuesto de renta y complementarios, 4 puntos para el 2020, 3 puntos para el 2021 y 3 puntos para el 2022 y la destinación es: “Con el fin de contribuir al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, el recaudo por  concepto  de la  sobretasa de que trata este parágrafo se destinará a la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria. El Gobierno nacional determinará las condiciones y la forma de asignación de los recursos recaudados, así como el mecanismo para la ejecución de los mismos”. Enajenados de la realidad socioeconómica del país los banqueros ya habían demandado ante la Corte Constitucional en el 2018 la Ley de Financiamiento que contemplaba mayor impuesto a la renta y habían ganado la demanda, nuevamente a través de Asobancaria demandaron la Ley de Crecimiento Económico buscando dejar sin efecto estos puntos adicionales en el impuesto de renta, acto que fue fuertemente criticado, ya que este sector que tiene un posicionamiento privilegiado en la economía del país no estuviera contribuyendo con un aporte en esta difícil situación donde el país requiere recursos para paliar esta crisis, expresando hace 2 días el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que la demanda la habían retirado los bancos, donde esperamos que esta situación sea veraz por tan cuestionable insensibilidad.

Hacemos un llamamiento al sector financiero y al mismo gobierno nacional en medio de esta crisis de salud y económica, a implementar un espacio tripartito de intercambio de propuestas, donde las organizaciones representantes de los trabajadores estamos dispuestos a construir iniciativas colectivas para repensar el proyecto de país y las relaciones de la clase trabajadora, empresarios y sociedad, todo esto en la perspectiva de consensuar un nuevo orden postpandemia que no tenga las debilidades sistémicas y la alta vulnerabilidad de millones de ciudadanos en crisis como estas (que inciden directamente tanto en la sostenibilidad de empresas como en la viabilidad del Estado) y otras que pueden devenir a futuro.

JOSÉ RODRIGO OROZCO                                 SOFIA TRINIDAD ESPINOSA O.

Presidente ANEBRE                                             Presidenta UNEB

 MILLER RAMIREZ GASPAR                               JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.

Presidente Sintrabancol                                         Presidente ACEB

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La ACEB frente a la amenaza del coronavirus

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Declaración                                                      Abril 7 de 2002

Mientras escribimos estas líneas la pandemia del siglo XXI, el COVID 19, habrá superado el millón de contagios y la pavorosa cifra de 55.000 fallecimientos por su causa. Estados Unidos, convertido en el país con el mayor número de contagios (más de 250.000) y el cuarto en cuanto a fallecimientos (más de 6000), por obra y gracia del orate Trump quién se negó, hasta cuando fue ya tarde, a tomar medidas de prevención y contención del mortal virus. En Colombia se superó la cifra de 1500 contagios y 35 fallecidos.

A los países desarrollados o pobres que funcionan bajo el modelo neoliberal, convirtiendo lo público en jugoso negocio para los particulares a través de la privatización, endureciendo la explotación sobre miles de millones de seres humanos, cercenando sus derechos democráticos y otorgando todas las garantías y ventajas posibles al capital monopolista, la pandemia los tomó sin preparación.

En el caso colombiano van más de treinta años de aplicación a rajatabla de este nefasto modelo político y económico y las consecuencias sobre el sector salud están a la vista. Una red pública hospitalaria debilitada que debe a sus trabajadores, en algunos casos, más de seis meses de sueldo; profesionales y auxiliares sin estabilidad laboral, sin contrato de trabajo; EPS con gigantescas deudas con clínicas y hospitales, desvío de recursos públicos de salud para otras actividades y para enriquecer administradores y gerentes corruptos. La red privada de salud convertida en negocio donde área o servicio que no sea rentable, simplemente se cierra. Los avances científicos y tecnológicos reducidos a un puñado de instituciones que contra viento y marea luchan por prestar servicios de salud de calidad. Y los usuarios sometidos al paseo de la muerte y a grandes demoras o negación de atención.

Colombia, tempranamente, ha debido tomar medidas contra la pandemia que ya habían probado su efectividad en otros países como China, Corea del Sur, Japón y Singapur. Se trataba de atender prioritariamente tres asuntos con sus medidas correspondientes y procurar los recursos suficientes, en un país que tiene bajos ingresos fiscales debido a las ventajas tributarias inmensas a sectores económicos que no los necesitan, al creciente déficit comercial y de la balanza de pagos y a las altas cifras de desempleo.

El primero de estos asuntos es el aislamiento social, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales, el confinamiento de la población por un período relativamente largo y la reducción de la actividad productiva a cuatro o cinco sectores que son absolutamente indispensables para la supervivencia.

Nada de eso fue capaz de hacer el gobierno de Duque con la prontitud que las circunstancias exigían. Las medidas se tomaron con evidente retraso y después de un desgastante debate con dirigentes políticos y sociales, con asociaciones gremiales, también con mandatarios locales y regionales, especialmente con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, que con razón procedieron a tomar decisiones por encima del gobierno central.

Evidentemente, en un país donde el 64% de la población no tiene seguridad social y el 47% del empleo es informal estas medidas obligan a proveer subsidios y recursos a las familias pobres y vulnerables y a los sectores poblacionales alejados del ciclo productivo como adultos mayores, jóvenes y personas en condición de discapacidad. En este terreno los aportes del gobierno nacional, absolutamente insuficientes, también contrastan con los esfuerzos de los mandatarios y gobiernos locales que no han vacilado en entregar subsidios, bonos y mercados a las familias más necesitadas. Ya los expertos han recomendado la prolongación de la “cuarentena” pero el debate entre economía y vida, en la opinión de Duque, se inclina hacia la economía y a aceptar la presión de los grandes gremios del capital.

Enfrentar la pandemia, específicamente en el asunto de la salud, que llamaremos la segunda área, implica la adquisición de los equipos requeridos, especialmente respiradores mecánicos, para triplicar, por lo menos, el número de unidades de cuidados intensivos con las cuales cuenta el país. La adquisición de centenares de miles de pruebas del coronavirus que permitan detectar la enfermedad en los afectados asintomáticos y no sólo entre los que ya manifiestan señales inequívocas de la enfermedad. Y, la protección de bioseguridad adecuada al personal de salud que enfrenta a diario la contención del virus y el tratamiento a enfermos hospitalizados, para evitar, entre otras consecuencias, que médicos y enfermeras contagiados salgan de la primera línea de combate al coronavirus.

Un mes después de comprobado el primer infectado en Colombia, salvo el caso de  Bogotá y otras capitales, no se han adquirido los equipos indispensables para la nuevas unidades de cuidados intensivos; el ministro de salud lleva quince días anunciando la llegada de kits de pruebas y siempre hay pretextos para justificar  que “no han podido llegar al país” y al personal de salud ni se le pagan los sueldos atrasados, ni se les dota de la protección adecuada, ni se vinculan los nuevos profesionales necesarios para enfrentar la emergencia, ni se les proporciona transporte especial y adecuado para que no constituyan factor de propagación ni sean víctimas de discriminación en el transporte público.

El tercer asunto es dar respuesta al gran interrogante: ¿Quién va a cargar con el peso de la emergencia, caerá sobre el pueblo empobrecido o sobre las arcas repletas de los grandes empresarios? El gobierno debe proceder con prontitud a tomar medidas drásticas en el terreno económico. Al orden del día está, como lo han hecho otros países, pedir la reestructuración y ampliación de la deuda externa y aplazar pagos que impedirían contar con los recursos necesarios; utilizar parte de las reservas internacionales que son más de 50.000 millones de dólares, utilizar la emergencia económica para eliminar exenciones y garantías tributarias a sectores económicos que no las necesitan, eliminar la regla fiscal que obra como una camisa de fuerza frente al gasto público y respaldar presupuestalmente las regiones en este período de dificultades. Los grandes empresarios, incluido el sector financiero, deben estar dispuestos a colaborar económicamente más allá de sus obligaciones legales y tributarias en esta hora de dificultades y sacrificios.

En ese contexto, debemos precisar que no es el momento de pretender sacar adelante las viejas aspiraciones que tienen los dueños del capital de quitarse de encima los parafiscales y atentar contra las cajas de subsidio familiar, otro de sus históricos anhelos, mucho menos podemos aceptar que se pretenda en estos momentos de angustia, adelantar una reforma laboral que para lo único que servirá será para precarizar aún más el empleo, ya el gobierno les ha entregado demasiadas exenciones tributarias, les llego el momento de retribuir tantos favores que los colombianos les hemos hecho.

Una vez declarada la cuarentena, se ha iniciado la pérdida del empleo y los ingresos de múltiples trabajadores formales e informales. Los empresarios han acudido al despido, la suspensión de contratos de trabajo, licencias no remuneradas, reducción de salarios y “vacaciones” en confinamiento, mermando los derechos e ingresos de los trabajadores y sus familias. Y con el confinamiento, los informales han perdido la oportunidad de sus ingresos diarios, con lo cual se viene configurando una situación de cuarentena con hambre para un vastísimo sector de la población, que a sabiendas del riesgo de contaminación han tenido que salir a buscar su sustento.

El presidente Duque y todo su equipo de gobierno, de manera irresponsable, vienen ayudando a atizar las condenables pretensiones de intervención militar que sobre Venezuela desarrolla el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, lo cual, de producirse, sería un crimen contra los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. Podría ocasionar una guerra regional con desenlaces fatales en muertes y pérdidas materiales y económicas muchísimo más trágicas que la pandemia misma.

También en pleno desarrollo de la crisis ocasionada por la pandemia el presidente Duque se niega a facilitar el funcionamiento del congreso nacional, que entre otras cosas debe ejercer el control político sobre las decisiones y decretos que en desarrollo de la emergencia económica se vienen promulgando y por el contrario algunos de los voceros del gobierno han expresado que se sigue adelante con la decisión de aprobar reformas como la laboral y la pensional en desmedro de los derechos laborales y bienestar social de los trabajadores.

La primera recomendación de la OIT para enfrentar la pandemia del coronavirus es hacer uso del diálogo social, asunto que este gobierno se ha negado a poner en práctica con los trabajadores y las centrales sindicales, por el contrario, ha arreglado con los grandes empresarios atendiendo solo sus intereses económicos, desatendiendo los reclamos por mantener, como prioridad, el empleo y los ingresos de trabajadores formales e informales.

Como lo recomiendan los expertos epidemiólogos. Con el Papa Francisco, decenas de mandatarios regionales, líderes sensatos, y miles de millones de seres humanos digamos con fuerza: ¡primero la vida y después la economía!

La ACEB, como siempre, estará al lado de los colombianos en esta emergencia y hará los sacrificios que las circunstancias impongan, exigiendo la protección adecuada de los trabajadores bancarios y solicitando que el número de sucursales abiertas al público y el número de trabajadores en ellas sea el menor posible. Llamamos a la ciudadanía a cumplir estrictamente las medidas excepcionales de la cuarentena y prepararse para su prolongación.

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

– ACEB –

DESCARGA EL COMUNICADO EL BANCARIO

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La Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ACEB participa hoy  viernes  en el segundo día de paro nacional de 48 horas con el fin de protestar por las amenazas contra los docentes por parte de grupos armados en todo el territorio colombiano, y contra todo el paquetazo de IVAN DUQUE que contiene las reformas laboral, pensional y tributaria, la privatización del aparato productivo del Estado y del sector financiero estatal por medio del Holding, el tarifazo nacional en favor de Electricaribe, el incumplimiento de los acuerdos con sectores sindicales, sociales y estudiantiles, la restricción del derecho a la protesta social, la eliminación del salario mínimo y la impunidad total frente a la corrupción”, señala el Comité Nacional del Paro en un comunicado.

Reforma laboral:
Salario mínimo diferente según la productividad de cada región
Reducir el salario mínimo a un 75% para los jóvenes menores de 25 años
Contratación de personal por horas
Reforma pensional:
Transformación del sistema jubilatorio
Posible conversión de Colpensiones en un fondo privado
Reforma financiera:
Creación del Holding Estatal de Servicios Financieros, una agrupación de empresas estatales vinculadas al sector financiero y que aportarán al mercado de capitales y dejarán de tener control directo del Estado. Para las organizaciones, se trata de una “privatización encubierta”.
Reforma tributaria:
Rebaja de impuestos a grandes empresas y a multinacionales
“Tarifazo”:
Aumento del 35% en las tarifas de energía eléctrica para algunos estratos de consumidores en favor de Electricaribe.

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La Constitución de la OIT establece el principio de protección de los trabajadores respecto de las enfermedades y de los accidentes del trabajo. Sin embargo, para millones de trabajadores esto se sitúa lejos de la realidad. La OIT estima que 2,02 millones de personas mueren cada año a causa de enfermedades y accidentes del trabajo. Otros 317 millones de personas sufren enfermedades relacionadas con el trabajo y cada año se producen unos 337 millones de accidentes laborales mortales y no mortales vinculados con el trabajo. El sufrimiento causado, tanto a los trabajadores como a sus familias, por estos accidentes y enfermedades, es incalculable. La OIT ha estimado que, en términos económicos, se pierde el 4 por ciento del PIB anual mundial, como consecuencia de accidentes y enfermedades laborales. Los empleadores tienen que hacer frente a costosas jubilaciones anticipadas, a una pérdida de personal calificado, a absentismo y a elevadas primas de seguro, debido a enfermedades y accidentes relacionados con el trabajo. Sin embargo, muchas de estas tragedias se pueden prevenir a través de la puesta en marcha de una sólida prevención, de la utilización de la información y de unas prácticas de inspección. Las normas de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo proporcionan instrumentos esenciales para que los gobiernos, los empleadores y los trabajadores instauren dichas prácticas y prevean la máxima seguridad en el trabajo. En 2003, la OIT adoptó un plan de acción para la seguridad y la salud en el trabajo, Estrategía global en materia de seguridad y salud en el trabajo  que incluía la introducción de una cultura de la seguridad y la salud preventivas, la promoción y el desarrollo de instrumentos pertinentes, y la asistencia técnica.

ACEB  entendiendo que cada día van en crecimiento el numero de Trabajadores enfermos por multitud de Razones, y frente al alto desconocimiento de los derechos que tiene el trabajador, ACEB seccional Bogotá tiene el gusto de invitar a los trabajadores del sector financiero a esta Conferencia

Conferencista:​​
Dr. SCHNEIDER GUATAQUI CERVERA Especialista en sistema de seguridad y salud en  el trabajo de la (O.I:T.)
Lugar: HOTEL GRAND PARK Cra 5 # 23-24
Hora: 9:00 a.m.
Fecha: 5 de Octubre de 2019
Por favor Confirmar su Asistencia al Tel 3383724 ext 31
ES TOTALMENTE GRATUITO
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Convención Colectiva en Mundo Mujer , firmada por ACEB

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Saludamos a los trabajadores del Banco Mundo Mujer y les presentamos la primer Convención Colectiva, producto de la negociación entre el banco y nuestra Organización sindical en representación de los trabajadores de esta entidad financiera del sector de las microfinanzas.

Este es el primer gran logro político de ACEB en el Banco Mundo Mujer, que se materializó gracias a que nos propusimos organizar y representar a este sector de trabajadores, con la imperecedera y sublime aspiración de dotar a los bancarios colombianos, de un sindicato único de industria que les permita, en el plazo más breve posible, contar con una herramienta que posibilite hacerle frente a la inequidad, el mal trato, la injusticia y las insoportables sobrecargas laborales.

Comisión negociadora ACEB que representó a los trabajadores en la negociación colectiva en el Banco Mundo Mujer

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Previo a nuestra actuación, surgieron intentos de otra organización sindical, que desafortunadamente no produjeron resultados positivos y precisamos en ello, pues brillamos con luz propia y consecuentemente, no esperamos a que otra organización sindical actué, para evaluar o criticar su trabajo, independientemente de la historia o experiencia sindical positiva o negativa que hayan tenido los trabajadores.

Nuestra táctica y estrategia, han sido construidas a lo largo de más de 60 años de lucha incesante y contamos con la experiencia de haber sido la primera organización de inspiración netamente proletaria, surgida en 1958 y de ser los responsables de las primera huelgas del sector, que dieron origen a la primera convención colectiva de trabajo del sector financiero en nuestro país.

La Convención Colectiva que hoy estamos presentando, dista mucho de ser una gran solución, a los graves problemas que aquejan a los empleados de esta entidad, pero tiene de importante que, producto de la negociación entre las partes, hoy tenemos “reconocimiento legal”, que constituye la cuota inicial para un proceso, que no va a ser fácil, pero que, con la dedicación, el compromiso y el acompañamiento de los trabajadores, más temprano que tarde, generará las soluciones que todos estamos esperando.

A los bancarios no se nos ha regalado nada, todo lo hemos alcanzado en medio de la lucha constante contra empleadores y gobiernos y esta, la lucha de los trabajadores de Banco Mundo Mujer, no será la excepción. Nuestros objetivos solo serán alcanzables asumiendo la posición correcta, pues se requiere de fuerza, esa fuerza que solo la otorga la afiliación masiva a esta organización sindical que será el faro que ilumine el horizonte y que no solo restablecerá la dignidad de los trabajadores y alcanzará los derechos y garantías que merecemos, sino que también y gracias a la fuerza de la afiliación, servirá de punto medular, para que se valore nuestro trabajo de manera justa.

Organizarse es un derecho constitucional, no es un delito, ni un atentado contra el desarrollo del banco, mucho menos una forma de eludir responsabilidades contractuales, nos organizamos para garantizar trabajo decente en condiciones dignas, donde prime el respeto mutuo y cada vez mejores garantías económicas y normativas.

Apórtale a tu futuro y al de tu familia, afíliate a ACEB

JUAN FRANCISCO SANCHEZ Z.
Presidente nacional ACEB

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