Declaración                                                      Abril 7 de 2002

Mientras escribimos estas líneas la pandemia del siglo XXI, el COVID 19, habrá superado el millón de contagios y la pavorosa cifra de 55.000 fallecimientos por su causa. Estados Unidos, convertido en el país con el mayor número de contagios (más de 250.000) y el cuarto en cuanto a fallecimientos (más de 6000), por obra y gracia del orate Trump quién se negó, hasta cuando fue ya tarde, a tomar medidas de prevención y contención del mortal virus. En Colombia se superó la cifra de 1500 contagios y 35 fallecidos.

A los países desarrollados o pobres que funcionan bajo el modelo neoliberal, convirtiendo lo público en jugoso negocio para los particulares a través de la privatización, endureciendo la explotación sobre miles de millones de seres humanos, cercenando sus derechos democráticos y otorgando todas las garantías y ventajas posibles al capital monopolista, la pandemia los tomó sin preparación.

En el caso colombiano van más de treinta años de aplicación a rajatabla de este nefasto modelo político y económico y las consecuencias sobre el sector salud están a la vista. Una red pública hospitalaria debilitada que debe a sus trabajadores, en algunos casos, más de seis meses de sueldo; profesionales y auxiliares sin estabilidad laboral, sin contrato de trabajo; EPS con gigantescas deudas con clínicas y hospitales, desvío de recursos públicos de salud para otras actividades y para enriquecer administradores y gerentes corruptos. La red privada de salud convertida en negocio donde área o servicio que no sea rentable, simplemente se cierra. Los avances científicos y tecnológicos reducidos a un puñado de instituciones que contra viento y marea luchan por prestar servicios de salud de calidad. Y los usuarios sometidos al paseo de la muerte y a grandes demoras o negación de atención.

Colombia, tempranamente, ha debido tomar medidas contra la pandemia que ya habían probado su efectividad en otros países como China, Corea del Sur, Japón y Singapur. Se trataba de atender prioritariamente tres asuntos con sus medidas correspondientes y procurar los recursos suficientes, en un país que tiene bajos ingresos fiscales debido a las ventajas tributarias inmensas a sectores económicos que no los necesitan, al creciente déficit comercial y de la balanza de pagos y a las altas cifras de desempleo.

El primero de estos asuntos es el aislamiento social, el cierre de fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales, el confinamiento de la población por un período relativamente largo y la reducción de la actividad productiva a cuatro o cinco sectores que son absolutamente indispensables para la supervivencia.

Nada de eso fue capaz de hacer el gobierno de Duque con la prontitud que las circunstancias exigían. Las medidas se tomaron con evidente retraso y después de un desgastante debate con dirigentes políticos y sociales, con asociaciones gremiales, también con mandatarios locales y regionales, especialmente con la alcaldesa de Bogotá Claudia López, que con razón procedieron a tomar decisiones por encima del gobierno central.

Evidentemente, en un país donde el 64% de la población no tiene seguridad social y el 47% del empleo es informal estas medidas obligan a proveer subsidios y recursos a las familias pobres y vulnerables y a los sectores poblacionales alejados del ciclo productivo como adultos mayores, jóvenes y personas en condición de discapacidad. En este terreno los aportes del gobierno nacional, absolutamente insuficientes, también contrastan con los esfuerzos de los mandatarios y gobiernos locales que no han vacilado en entregar subsidios, bonos y mercados a las familias más necesitadas. Ya los expertos han recomendado la prolongación de la “cuarentena” pero el debate entre economía y vida, en la opinión de Duque, se inclina hacia la economía y a aceptar la presión de los grandes gremios del capital.

Enfrentar la pandemia, específicamente en el asunto de la salud, que llamaremos la segunda área, implica la adquisición de los equipos requeridos, especialmente respiradores mecánicos, para triplicar, por lo menos, el número de unidades de cuidados intensivos con las cuales cuenta el país. La adquisición de centenares de miles de pruebas del coronavirus que permitan detectar la enfermedad en los afectados asintomáticos y no sólo entre los que ya manifiestan señales inequívocas de la enfermedad. Y, la protección de bioseguridad adecuada al personal de salud que enfrenta a diario la contención del virus y el tratamiento a enfermos hospitalizados, para evitar, entre otras consecuencias, que médicos y enfermeras contagiados salgan de la primera línea de combate al coronavirus.

Un mes después de comprobado el primer infectado en Colombia, salvo el caso de  Bogotá y otras capitales, no se han adquirido los equipos indispensables para la nuevas unidades de cuidados intensivos; el ministro de salud lleva quince días anunciando la llegada de kits de pruebas y siempre hay pretextos para justificar  que “no han podido llegar al país” y al personal de salud ni se le pagan los sueldos atrasados, ni se les dota de la protección adecuada, ni se vinculan los nuevos profesionales necesarios para enfrentar la emergencia, ni se les proporciona transporte especial y adecuado para que no constituyan factor de propagación ni sean víctimas de discriminación en el transporte público.

El tercer asunto es dar respuesta al gran interrogante: ¿Quién va a cargar con el peso de la emergencia, caerá sobre el pueblo empobrecido o sobre las arcas repletas de los grandes empresarios? El gobierno debe proceder con prontitud a tomar medidas drásticas en el terreno económico. Al orden del día está, como lo han hecho otros países, pedir la reestructuración y ampliación de la deuda externa y aplazar pagos que impedirían contar con los recursos necesarios; utilizar parte de las reservas internacionales que son más de 50.000 millones de dólares, utilizar la emergencia económica para eliminar exenciones y garantías tributarias a sectores económicos que no las necesitan, eliminar la regla fiscal que obra como una camisa de fuerza frente al gasto público y respaldar presupuestalmente las regiones en este período de dificultades. Los grandes empresarios, incluido el sector financiero, deben estar dispuestos a colaborar económicamente más allá de sus obligaciones legales y tributarias en esta hora de dificultades y sacrificios.

En ese contexto, debemos precisar que no es el momento de pretender sacar adelante las viejas aspiraciones que tienen los dueños del capital de quitarse de encima los parafiscales y atentar contra las cajas de subsidio familiar, otro de sus históricos anhelos, mucho menos podemos aceptar que se pretenda en estos momentos de angustia, adelantar una reforma laboral que para lo único que servirá será para precarizar aún más el empleo, ya el gobierno les ha entregado demasiadas exenciones tributarias, les llego el momento de retribuir tantos favores que los colombianos les hemos hecho.

Una vez declarada la cuarentena, se ha iniciado la pérdida del empleo y los ingresos de múltiples trabajadores formales e informales. Los empresarios han acudido al despido, la suspensión de contratos de trabajo, licencias no remuneradas, reducción de salarios y “vacaciones” en confinamiento, mermando los derechos e ingresos de los trabajadores y sus familias. Y con el confinamiento, los informales han perdido la oportunidad de sus ingresos diarios, con lo cual se viene configurando una situación de cuarentena con hambre para un vastísimo sector de la población, que a sabiendas del riesgo de contaminación han tenido que salir a buscar su sustento.

El presidente Duque y todo su equipo de gobierno, de manera irresponsable, vienen ayudando a atizar las condenables pretensiones de intervención militar que sobre Venezuela desarrolla el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, lo cual, de producirse, sería un crimen contra los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela. Podría ocasionar una guerra regional con desenlaces fatales en muertes y pérdidas materiales y económicas muchísimo más trágicas que la pandemia misma.

También en pleno desarrollo de la crisis ocasionada por la pandemia el presidente Duque se niega a facilitar el funcionamiento del congreso nacional, que entre otras cosas debe ejercer el control político sobre las decisiones y decretos que en desarrollo de la emergencia económica se vienen promulgando y por el contrario algunos de los voceros del gobierno han expresado que se sigue adelante con la decisión de aprobar reformas como la laboral y la pensional en desmedro de los derechos laborales y bienestar social de los trabajadores.

La primera recomendación de la OIT para enfrentar la pandemia del coronavirus es hacer uso del diálogo social, asunto que este gobierno se ha negado a poner en práctica con los trabajadores y las centrales sindicales, por el contrario, ha arreglado con los grandes empresarios atendiendo solo sus intereses económicos, desatendiendo los reclamos por mantener, como prioridad, el empleo y los ingresos de trabajadores formales e informales.

Como lo recomiendan los expertos epidemiólogos. Con el Papa Francisco, decenas de mandatarios regionales, líderes sensatos, y miles de millones de seres humanos digamos con fuerza: ¡primero la vida y después la economía!

La ACEB, como siempre, estará al lado de los colombianos en esta emergencia y hará los sacrificios que las circunstancias impongan, exigiendo la protección adecuada de los trabajadores bancarios y solicitando que el número de sucursales abiertas al público y el número de trabajadores en ellas sea el menor posible. Llamamos a la ciudadanía a cumplir estrictamente las medidas excepcionales de la cuarentena y prepararse para su prolongación.

Asociación Colombiana de Empleados Bancarios

– ACEB –

DESCARGA EL COMUNICADO EL BANCARIO

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